La cada vez más insostenible precariedad laboral lleva aparejado otro grave problema: los desempleados que agotan el subsidio por desempleo, así como los jóvenes mayores de 26 años que no han trabajado nunca, pierden el derecho a la asistencia sanitaria en el sistema público de salud.
Vivimos, españolas y españoles, confiados en la creencia de que el Sistema Público de Salud, mejor dicho, los 17 Sistemas Públicos de Salud —puesto que se trata de una competencia transferida a las administraciones autonómicas— nos cubre en cualquier circunstancia. Es una premisa falsa: no todas las personas están amparadas por el sistema. Ese celebrado derecho universal a la atención sanitaria tiene un agujero en su cobertura que podría afectar a entre 90.000 y 180.000 personas, según el Ministerio de Sanidad. Cifra que aumenta día a día a medida que crece la precariedad laboral, y que en estos momentos podría rondar las 300.000 personas situadas fuera del paraguas de la sanidad pública.
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